En un giro impactante de los acontecimientos judiciales, la jueza ha dictado una condena de 12 años de prisión para el expresidente Álvaro Uribe Vélez. La decisión se produce tras determinar que su conducta más grave fue el so𝐛𝐨𝐫𝐧o en actuación penal, un delito que ha sacudido los cimientos de la política colombiana. La jueza, en un fallo contundente, aumentó la pena en dos años debido a la gravedad del fraude procesal, estableciendo así que la pena total queda fijada en 144 meses de prisión.

Además de la condena de cárcel, se impone una multa que asciende a 2,420.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo que representa una carga económica significativa para el exmandatario. Esta sanción pecuniaria debe ser cancelada en un plazo de diez días hábiles a partir de la ejecutoria de la decisión, lo que añade presión a la situación de Uribe en un momento ya de por sí crítico.

La noticia ha causado un revuelo inmediato en el país, generando reacciones de apoyo y rechazo entre sus seguidores y detractores. La figura de Uribe, polarizadora y controvertida, se enfrenta ahora a un futuro incierto tras esta contundente sentencia que marca un precedente en la historia judicial de Colombia.

El expresidente, conocido por su postura firme contra el narcotráfico y la guerrilla, ahora se encuentra en el ojo del huracán, con su legado político en juego. Este fallo no solo afectará su vida personal, sino que también tendrá repercusiones significativas en la política colombiana, donde su influencia ha sido indiscutible durante décadas. La atención de la nación está fijada en cómo se desarrollarán los próximos pasos en este caso histórico.