¡ESCÁNDALO EN COLOMBIA! La Fiscal General, Luz Adriana Camargo, se enfrenta a un cuestionamiento sin precedentes que podría desatar una crisis institucional en el gobierno de Gustavo Petro. La máxima corte de lo contencioso administrativo, el Consejo de Estado, ha solicitado documentación crucial para validar el proceso de su nombramiento, pero la respuesta del Ejecutivo ha sido un inquietante silencio. La presidencia ha alegado que no existen más documentos que las hojas de vida de las candidatas, lo que deja en la penumbra la legalidad de la elección de Camargo.

El proceso de selección, que debió contar con una terna de tres aspirantes, se vio gravemente afectado por la sorpresiva renuncia de Amelia Pérez, quien se retiró dejando solo dos opciones en la mesa. Este vacío ha suscitado alarmas en el ámbito jurídico, ya que muchos consideran que este proceder vulnera la ley y pone en tela de juicio la legitimidad del nombramiento de Camargo.

La respuesta del gobierno, al afirmar que toda la selección fue manejada directamente por el presidente Petro, ha encendido las luces rojas sobre la transparencia y la independencia judicial en Colombia. Sin actas, memorandos o documentos que respalden el proceso, la elección se convierte en un acto de voluntad presidencial sin los debidos controles.

El Consejo de Estado se encuentra ahora en un dilema crítico: ¿debe aceptar la declaración del gobierno o ejercer sus poderes para exigir la entrega de más información? La falta de documentación adecuada no solo obstaculiza la investigación, sino que sienta un peligroso precedente sobre la opacidad en las decisiones del Estado.

Este escándalo no solo afecta a Camargo, sino que pone en jaque la confianza de la ciudadanía en las instituciones. La resolución del Consejo de Estado tendrá repercusiones significativas sobre los límites del poder presidencial y la primacía de la ley en Colombia. La nación entera observa, esperando que se restablezca la transparencia y la justicia en un momento crucial para el futuro del país.