La situación de Sandra Ortiz, consejera presidencial en el gobierno de Gustavo Petro, se ha tornado crítica tras el descubrimiento de pruebas que la vinculan con graves delitos de corrupción. La Fiscalía General de la Nación presentó el 21 de septiembre de 2023 evidencias contundentes que comprometen a Ortiz en un caso de lavado de activos y tráfico de influencias, elevando la tensión en un proceso judicial que ya ha captado la atención mediática.

En una audiencia marcada por la expectación, la novena fiscal delegada ante la Corte Suprema, María Cristina Patiño, expuso audios, testimonios y un video que documenta una reunión entre Ortiz y Olmedo López, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Este encuentro, fechado el mismo día de la audiencia, revela discusiones sobre contratos y pagos millonarios, incluyendo la supuesta entrega de 3.000 millones de pesos al senador Iván Neim, gestionados por Ortiz en complicidad con otros altos funcionarios. La fiscalía sostiene que estos fondos fueron utilizados para financiar campañas políticas, lo que sugiere una red de corrupción que podría salpicar a más figuras del gobierno.

Los testimonios de otros funcionarios, como un subdirector de la UNGR, aportan más peso a las acusaciones, describiendo cómo se llevaron a cabo las entregas de dinero y la gestión de contratos millonarios. A pesar de las contundentes pruebas, la defensa de Ortiz argumenta que las acusaciones son infundadas y que los testimonios carecen de consistencia.

El impacto político de este caso es significativo. La imagen de Ortiz, que había permanecido en un perfil bajo, ahora está bajo un intenso escrutinio público, lo que podría desestabilizar alianzas políticas dentro del gobierno. Este escándalo plantea preguntas urgentes sobre la ética y la transparencia en la gestión pública en Colombia.

Con el proceso judicial aún en desarrollo, se espera que en las próximas semanas se realicen nuevas audiencias para determinar si las pruebas son suficientes para avanzar a juicio. Si se encuentra culpable, Ortiz podría enfrentar penas severas, lo que marcaría un precedente en la lucha contra la corrupción en las altas esferas del poder en el país. La sociedad observa con atención, preguntándose si se actuará con independencia o si existen intereses políticos detrás de este caso.