El expresidente Álvaro Uribe Vélez ha sido condenado a 12 años de prisión domiciliaria por fraude procesal y so𝐛𝐨𝐫𝐧o a testigos, en un fallo histórico que sacude los cimientos de la política colombiana. La decisión, emitida por la jueza 44 de conocimiento, marca un antes y un después en la larga saga judicial que enfrenta a Uribe y al senador Iván Cepeda, quien inicialmente fue el denunciador.

La condena se produce tras un proceso que se remonta a 2012, cuando Uribe acusó a Cepeda de calumnia. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado en 2018, cuando el expresidente se convirtió en el denunciado. La reacción de Cepeda fue inmediata: calificó la decisión como “justa” y advirtió sobre intentos de presión política hacia la jueza Heredia, quien ha sido objeto de amenazas.

Con la atención del mundo sobre este caso, la defensa de Uribe ya ha anunciado su intención de apelar, teniendo hasta el 13 de agosto para presentar sus argumentos. La audiencia, que se extendió por más de cinco horas, estuvo marcada por tensos intercambios entre Uribe y la jueza, quien destacó que la filtración de la sentencia antes de su lectura oficial fue un punto de controversia.

Este veredicto no solo impacta a Uribe, figura central del uribismo, sino que también reconfigura el panorama político en un año preelectoral, donde la polarización se intensifica. Analistas advierten que este caso podría ser un catalizador para el Centro Democrático, que busca capitalizar la percepción de persecución política. La discusión sobre si la justicia puede ser despolitizada sigue abierta, mientras Colombia observa expectante los próximos pasos en este dramático capítulo judicial.