**Coca-Cola y su Control Desgarrador en la Política Mexicana: Una Crisis de Salud Pública Inminente**

México enfrenta una crisis de salud pública sin precedentes, y en el centro de esta tormenta se encuentra Coca-Cola, la megacorporación que no solo domina el mercado de refrescos, sino que también tiene profundas conexiones políticas. Con un consumo promedio de 163 litros de refresco por persona al año, los mexicanos destinan un alarmante 8% de su presupuesto alimentario a estas bebidas azucaradas, lo que ha llevado a un incremento dramático en las tasas de obesidad y enfermedades relacionadas.

En San Cristóbal de las Casas, una de las ciudades más afectadas, los residentes consumen más de 2 litros de refresco al día, a pesar de la escasez de agua potable. Esta situación se agrava por la explotación de recursos hídricos por parte de Coca-Cola, que extrae más de un millón de litros diarios de agua subterránea, exacerbando la crisis hídrica en la región. La planta embotelladora, operando desde 1994, ha sido acusada de ser responsable de la falta de acceso al agua, mientras que la empresa desvía la culpa hacia el cambio climático y la infraestructura deficiente.

Las cifras son escalofriantes: el 72% de los adultos mexicanos padecen sobrepeso u obesidad, y las enfermedades cardiovasculares y la diabetes cobran más vidas que la violencia criminal. Cada año, 41,000 personas mueren por enfermedades relacionadas con el consumo de refrescos, lo que convierte a Coca-Cola en un actor clave en esta tragedia nacional.

A pesar de la presión social y las demandas de organizaciones ambientales para revocar los permisos de la planta, Coca-Cola continúa operando sin restricciones. La influencia política de la empresa es innegable; Vicente Fox, ex presidente de México, fue un alto ejecutivo de Coca-Cola antes de asumir el cargo, lo que plantea serias dudas sobre la regulación de estas bebidas dañinas.

La situación es crítica y exige atención inmediata. La salud de millones de mexicanos está en juego, y el tiempo para actuar es ahora. La pregunta persiste: ¿qué harán las autoridades para frenar esta crisis que ha sido alimentada por una corporación que prioriza las ganancias sobre la salud pública?