¡Un escándalo sin precedentes sacude a Colombia! El presidente Gustavo Petro ha decidido frenar la extradición de alias Mocho Olmedo, un cabecilla de las disidencias de las FARC, lo que ha desatado una ola de críticas y preocupaciones sobre la integridad del sistema judicial en el país. Esta decisión ha sido calificada por el exministro de Justicia, Wilson Ruiz, como un desprecio a la justicia y un premio a criminales, mientras las víctimas del conflicto siguen esperando respuestas y reparación.

Ruiz, quien formó parte del gobierno del expresidente Iván Duque, ha hecho un llamado urgente a las altas cortes para que actúen con firmeza ante lo que considera un acto administrativo que puede y debe ser impugnado. La resolución firmada por Petro no solo pone en riesgo la seguridad nacional, sino que también desafía los tratados internacionales de extradición, un tema de suma importancia en el contexto actual de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.

El exministro ha señalado que el actual gobierno parece tener una tendencia inquietante a ignorar las instituciones del Estado cuando estas no se alinean con sus intereses. Este patrón ha sido evidente en situaciones anteriores, donde se han tratado de eludir procedimientos legales establecidos, lo que pone en grave peligro el equilibrio de poderes en Colombia. Ruiz ha advertido que si esta tendencia continúa, el gobierno podría intentar debilitar otras ramas del poder público, lo que representaría un ataque directo a la democracia.

El mensaje de Ruiz es claro: las cortes deben actuar de manera decidida para proteger la Constitución y la justicia en el país. La sociedad también tiene un papel crucial que desempeñar, alzando la voz contra estas decisiones arbitrarias que premian la criminalidad. En un momento crítico como este, es fundamental que tanto las instituciones como los ciudadanos exijan el respeto por la ley y la justicia. La situación es alarmante, y el futuro de Colombia podría depender de la respuesta a este desafío.