Una jueza federal ha frenado temporalmente la controvertida orden de la administración de Donald Trump que prohibía a Harvard recibir estudiantes extranjeros. La magistrada Alison Burks ha respondido a la denuncia de la universidad, que argumenta que la revocación de su certificación en el programa de estudiantes y visitantes de intercambio es una represalia por su postura crítica hacia el gobierno. Este giro inesperado podría alterar drásticamente el futuro académico de la institución, donde más de un cuarto de su alumnado es internacional.

La situación ha generado un clima de ansiedad y confusión entre los estudiantes, quienes temen un éxodo masivo que amenazaría la excelencia académica de Harvard. La administración Trump ha acusado a la universidad de convertirse en un “semillero de agitadores antiestadounidenses”, mientras que Harvard defiende su autonomía y el derecho a rechazar las intervenciones gubernamentales en su currículo.

Este conflicto, que se ha intensificado en los últimos meses, se centra en las exigencias del gobierno para que Harvard implemente cambios que, según la administración, son necesarios para erradicar el antisemitismo y las prácticas que consideran racistas. Sin embargo, Harvard sostiene que estas demandas violan sus derechos constitucionales.

Los funcionarios de Trump han advertido que la universidad deberá presentar un registro de cinco años sobre la conducta de sus estudiantes internacionales en un plazo de 72 horas para restaurar su capacidad de matricular a estos alumnos. La batalla entre Harvard y la administración Trump está lejos de concluir, y el futuro de miles de estudiantes ahora pende de un hilo.