**Reinfo se vuelve hereditario: Urgente controversia sobre la legalización de la minería informal en Perú**

En un giro inesperado y polémico, el pasado fin de semana, el Poder Ejecutivo presentó el reglamento de la ley que amplía el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), ahora convertido en un documento hereditario. Esta decisión ha desatado una ola de críticas entre expertos y autoridades del sector, quienes advierten sobre las implicaciones peligrosas de esta medida.

El nuevo reglamento estipula que en caso de más de un heredero, la solicitud para formalizar la minería debe ser presentada por una entidad legal conformada únicamente por los herederos del fallecido. Sin embargo, la presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Julia Torreblanca Barbanillo, cuestionó la legalidad de heredar un registro que, según ella, no es un título de propiedad. A su vez, el exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descaldo, enfatizó que un reglamento no puede modificar la ley vigente, lo que añade más confusión a la situación.

El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, defendió la medida en declaraciones recientes, pero su argumento de que un Reinfo vigente puede ser heredado ha generado escepticismo. Él subrayó que la formalización debe basarse en incentivos y no en una montaña de trámites burocráticos, aunque su afirmación de que el Reinfo es “intocable” bajo ciertas condiciones ha sido recibida con escepticismo.

La preocupación es palpable: la minería informal y la ilegal están devastando el país, poniendo en riesgo vidas y el medio ambiente. Tras el asesinato de 13 trabajadores en Pataz, la situación se vuelve aún más crítica. La comunidad exige respuestas y acciones contundentes, mientras se buscan firmas en el Congreso para interpelar al ministro Montero.

Con la fecha límite del 31 de diciembre de 2025 para la formalización, la urgencia de una solución eficaz nunca ha sido tan clara. ¿Estamos ante un cambio que podría exacerbar la ilegalidad en el sector? La situación sigue evolucionando y se requiere una respuesta inmediata y efectiva para abordar esta crisis que amenaza la legalidad y el orden en el país.