El Consejo de Estado ha lanzado un contundente golpe contra el gobierno de Gustavo Petro, desmantelando una estrategia que muchos expertos consideran un intento sin precedentes de concentración de poder comunicativo en Colombia. En un fallo histórico, el Alto Tribunal ha recordado al presidente que su autoridad no es ilimitada y que sus alocuciones, utilizadas para comunicarse con la nación, deben ser reguladas.
La Comisión de Regulación de Comunicaciones recibe ahora la orden de establecer un marco claro que limite la frecuencia y el contenido de estas intervenciones, que han sido criticadas por su uso creciente como herramientas de propaganda política. Este no es solo un conflicto legal; es una batalla crucial por la esencia misma de la democracia colombiana.
El Consejo de Estado ha dejado claro que el uso de alocuciones presidenciales no puede convertirse en un monólogo que distorsione el debate público. La decisión busca proteger el pluralismo y evitar que una sola voz acapare el espacio informativo, lo que podría erosionar la competencia política y la equidad en el ámbito democrático.
Desde que asumió la presidencia, Petro ha utilizado estas alocuciones de manera intensa, abordando temas desde reformas estructurales hasta críticas a sus opositores. Sin embargo, la oposición sostiene que esta práctica otorga al presidente una ventaja desproporcionada, socavando la imparcialidad necesaria en un sistema democrático.
El fallo del Consejo de Estado no solo establece límites claros para el presente, sino que sienta un precedente vital para el futuro. La regulación de estas alocuciones es un paso esencial para asegurar que el poder comunicativo no se convierta en un instrumento de dominación. La democracia no se construye sobre monólogos, sino sobre el diálogo y la diversidad de voces. La implementación de esta decisión será un desafío, pero el mensaje es claro: en Colombia, el poder tiene límites y debe estar sujeto a control.
