¡ESCÁNDALO EN LA POLÍTICA COLOMBIANA! La fiscalía ha lanzado un ataque frontal contra la canciller Laura Sarabia, quien enfrenta serias acusaciones que podrían costarle su puesto. Una denuncia disciplinaria presentada por la abogada Inés Elena Camargo ha encendido las alarmas en la Procuraduría General, al señalar que Sarabia utilizó recursos del Ministerio de Relaciones Exteriores para fines personales, específicamente para atacar al ministro Armando Benedetti en medio de su propia batalla legal.

La denuncia, que llegó a la Procuraduría el 2 de mayo de 2025, exige una investigación exhaustiva sobre el uso indebido de bienes públicos. Durante una rueda de prensa el 30 de abril, Sarabia no solo habló sobre los logros de su gestión, sino que aprovechó la plataforma institucional para defenderse de acusaciones personales, utilizando tiempo y recursos estatales. Esto, según la denuncia, constituye un abuso de poder y malversación de fondos públicos.

En una inesperada justificación, la canciller citó al Papa Francisco, argumentando que su defensa personal no es un acto de vanidad, sino de justicia. Sin embargo, críticos y analistas advierten que su comportamiento podría acarrear sanciones severas, incluyendo la posibilidad de inhabilitación para ocupar cargos públicos.

El ambiente se torna tenso mientras los sectores cercanos a Sarabia intentan defender su postura, alegando que siempre ha buscado actuar con transparencia. Pero la sombra de la duda se cierne sobre ella, y la opinión pública exige respuestas claras y acciones contundentes. La Procuraduría, bajo la dirección de Gregorio Eljas, deberá decidir si procede con la investigación, lo que podría complicar aún más la situación de la canciller en un contexto donde la rendición de cuentas es más crucial que nunca.

Este escándalo no solo pone en jaque a Sarabia, sino que también reaviva el debate sobre la ética en la función pública. La ciudadanía está atenta, esperando que se haga justicia y se refuercen los principios que rigen la administración pública.