¡ESCÁNDALO EN ANTIOQUIA! La Fiscalía General de la Nación ha autorizado la interceptación clandestina del teléfono del gobernador Andrés Julián Rendón durante más de 70 días, desatando una tormenta política en Colombia. Esta medida, que ha sido calificada como una cacería brutal contra la oposición por el Centro Democrático, pone en tela de juicio la legitimidad de las acciones judiciales en un contexto de creciente polarización.

Desde el 14 de mayo hasta el 23 de julio de 2024, las comunicaciones del gobernador y de su círculo cercano fueron objeto de vigilancia, en el marco de una investigación sobre presuntas irregularidades en contratos para la construcción de centros de atención en Rí Negro, que suman más de 1.270 millones de pesos. La decisión de la Fiscalía, liderada por Luz Adriana Camargo, ha generado un rechazo contundente y ha llevado a la defensa del gobernador a argumentar que se trata de un ataque político orquestado desde el gobierno nacional.

El escándalo se intensificó cuando Camargo se refirió a Rendón como “imputado”, a pesar de que no existe una imputación formal. Esta declaración ha sido vista como un grave prejuzgamiento y ha llevado a la defensa a solicitar su recusación. Rendón, quien ha enfrentado desde su campaña electoral una serie de notificaciones y procesos, sostiene que estas acciones son parte de una estrategia para silenciar su voz crítica.

El Centro Democrático ha denunciado la gravedad de las interceptaciones, alertando sobre el uso de la justicia como herramienta de intimidación. La Fiscalía, por su parte, defiende la legalidad de sus acciones, asegurando que las interceptaciones fueron autorizadas por un juez en tres ocasiones y son necesarias para esclarecer el caso.

La situación ha encendido un debate sobre los límites de las interceptaciones y la protección de los derechos de los funcionarios públicos. La sociedad colombiana observa con preocupación cómo este caso puede sentar un peligroso precedente para la democracia. Se espera que en las próximas semanas se definan aspectos cruciales sobre la validez de las pruebas obtenidas y la posibilidad de una imputación formal. La tensión política está en su punto más alto y el futuro de la justicia en Colombia pende de un hilo.