**Título: La Casa de Nariño Responde a la Multa Impuesta a Petro: ¿Un Choque de Poderes en el Horizonte?**

En un giro sorprendente de los acontecimientos, la Casa de Nariño ha emitido un comunicado contundente en respuesta a la reciente multa de cinco salarios mínimos impuesta al presidente Gustavo Petro por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Este fallo, que ha desatado un intenso debate sobre la jurisdicción y el fuero presidencial, podría marcar un antes y un después en la relación entre el ejecutivo y el poder judicial en Colombia.

La controversia se centra en la supuesta falta de nombramientos de comisionados para la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). La administración de Petro argumenta que el tribunal carece de competencia para imponer sanciones económicas al presidente, basándose en el fuero constitucional que lo protege. En su defensa, la Casa de Nariño sostiene que el mandatario ha realizado esfuerzos significativos para cumplir con estas designaciones, pero enfrenta obstáculos judiciales que han complicado el proceso.

El tribunal, por su parte, defiende su autoridad al considerar que la sanción impuesta no es penal ni disciplinaria, sino una medida para asegurar el cumplimiento de una orden judicial. Este choque de interpretaciones legales plantea preguntas inquietantes sobre los límites del poder judicial en la supervisión de un presidente en funciones. ¿Hasta qué punto puede el poder judicial intervenir en las decisiones del mandatario? ¿Es legítimo que una sanción administrativa limite su capacidad de gobernar?

Mientras la Casa de Nariño apela la decisión, el Consejo de Estado deberá evaluar si se mantiene o se revoca la sanción. Esta situación no solo afecta la operatividad de la CREG, sino que también pone de relieve las complejidades de gobernar en un entorno judicial altamente vigilado. La administración de Petro reafirma su compromiso con el cumplimiento de los procesos legales, pero advierte que es crucial que las decisiones judiciales no se conviertan en un obstáculo para su gestión.

Este caso subraya la tensión entre los diferentes poderes del Estado y plantea un debate crucial sobre la naturaleza del poder ejecutivo en Colombia. La respuesta de la Casa de Nariño no solo defiende el fuero presidencial, sino que también cuestiona la interpretación del tribunal, abriendo la puerta a un análisis más profundo sobre la dinámica de poder en el país. Con la atención del país centrada en este conflicto, el futuro de la administración de Petro pende de un hilo.