Álvaro Uribe Vélez, el expresidente de Colombia, ha sido condenado a 12 años de prisión y a pagar una multa de $3.400 millones por so𝐛𝐨𝐫𝐧o y fraude procesal. La jueza Sandra Heredia, del Circuito Penal de Bogotá, emitió el fallo en una audiencia que se tornó tensa tras la filtración de la sentencia antes de su lectura oficial. La noticia sacudió el panorama político y judicial del país, marcando un hito en la historia reciente de Colombia.

La condena de Uribe, quien gobernó Colombia en dos periodos, es un acontecimiento sin precedentes que podría tener repercusiones significativas en el ámbito político. La jueza permitió que el exmandatario cumpla su pena en prisión domiciliaria, lo que ha generado un intenso debate entre los sectores que apoyan y critican la decisión. La filtración del fallo, que se conoció horas antes de la audiencia, ha suscitado cuestionamientos sobre la transparencia del proceso judicial, lo que llevó a la jueza a expresar su descontento públicamente.

Durante la audiencia, el ambiente fue tenso, con el hijo de Uribe, Tomás, criticando la decisión judicial en redes sociales antes de eliminar su publicación. La defensa del expresidente solicitó una extensión de dos días para apelar la sentencia, lo que fue objeto de oposición por parte de la fiscalía y las víctimas del caso. La apelación deberá presentarse antes del 13 de agosto, lo que añade un nuevo capítulo a este caso que ha capturado la atención de todo el país.

Este fallo no solo afecta a Uribe, sino que también plantea serias interrogantes sobre el futuro político de Colombia y la lucha contra la corrupción en el país. La figura del exmandatario, que ha sido un pilar en la política colombiana, ahora enfrenta un panorama incierto, mientras la opinión pública observa con atención cada desarrollo de este juicio que promete ser recordado como uno de los más significativos de la historia reciente.