¡ESCÁNDALO EN COLOMBIA! El presidente Gustavo Petro ha desatado una tormenta política al modificar drásticamente las reglas de revisión judicial a través del decreto 799 de 2025. Este controvertido documento, firmado por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, establece que las acciones de tutela contra el mandatario ya no serán competencia exclusiva del Consejo de Estado, sino que se distribuirán entre jueces de circuito. Esta decisión ha generado un clamor generalizado de preocupación y rechazo, ya que muchos lo ven como un intento de eludir el control judicial y debilitar la independencia de la justicia.

Desde Barranquilla, se ha revelado que el gobierno de Petro ha dejado caer no uno, sino tres eventos internacionales cruciales, como la Fórmula 1 y los Juegos Panamericanos, lo que ha llevado a la región a una crisis de empleo y desarrollo. Pero el verdadero escándalo radica en el nuevo decreto, que podría silenciar las voces críticas al relegar las tutelas contra el presidente a jueces ordinarios, en lugar de ser revisadas por la máxima autoridad en materia contenciosa administrativa.

La senadora María Fernanda Cabal ha calificado esta acción como un “golpe silencioso” a la justicia, advirtiendo que podría amenazar el estado de derecho. “El régimen no quiere contrapesos, quiere impunidad”, afirmó, subrayando la gravedad de esta maniobra que busca concentrar el poder y eliminar los mecanismos de control institucional.

Mientras tanto, defensores del decreto argumentan que la medida agilizará la resolución de casos, pero los críticos insisten en que el Consejo de Estado posee la experiencia necesaria para manejar estos asuntos complejos. Este decreto no es un hecho aislado; se suma a una serie de reformas polémicas impulsadas por el gobierno de Petro, avivando las tensiones entre el ejecutivo y el sistema judicial.

La situación es crítica y podría tener repercusiones significativas en el acceso a la justicia y el equilibrio de poderes en Colombia. Expertos advierten que, si se permite esta modificación, se sentaría un peligroso precedente para futuros gobiernos. La lucha por la independencia judicial está en juego, y el desenlace de este conflicto podría definir el futuro del estado de derecho en el país. ¡Estaremos atentos a los próximos desarrollos!