La Corte Suprema de Justicia de Colombia ha lanzado un golpe contundente contra el presidente Gustavo Petro al ordenar la entrega de documentos clave relacionados con las investigaciones sobre presuntas irregularidades en la financiación de su campaña presidencial de 2022. Esta solicitud, que debe cumplirse antes del 19 de febrero de 2025, se basa en los artículos de la ley 600 de 2000 y podría destapar uno de los escándalos más grandes de la política colombiana en años recientes.

La Corte no solo está enfocada en el mandatario, sino que también investiga a 19 congresistas del Pacto Histórico, quienes podrían estar implicados en las mismas irregularidades. Las acusaciones giran en torno a la manipulación de registros financieros para encubrir pagos a una empresa de transporte aéreo vinculada a un narcotraficante. Documentos del Consejo Nacional Electoral sugieren que los gastos de desplazamiento de Petro durante la campaña fueron registrados como costos de senadores, totalizando 63 millones de pesos. A pesar de las acusaciones, algunos legisladores han intentado desvincularse del caso, alegando ignorancia sobre los gastos.

Las revelaciones se agravan con la aparición de más de 130 páginas de conversaciones en un grupo de mensajería que coordinaba vuelos para el entonces candidato, involucrando a altos funcionarios del gobierno, incluyendo al embajador de Colombia en el Reino Unido, quien ha negado cualquier conexión con la empresa de transporte.

Mientras la Corte Suprema avanza en sus investigaciones, el clima político se torna tenso, con fuertes debates en el Congreso entre el Pacto Histórico y la oposición. Las acusaciones cruzadas y la falta de acción del gobierno ante problemas críticos de seguridad generan un ambiente de incertidumbre. Si las pruebas confirman las irregularidades, las repercusiones políticas podrían ser devastadoras para el gobierno de Petro. La nación observa expectante, preguntándose si la justicia actuará de manera imparcial o si este caso se desvanecerá en el olvido.