¡Escándalo en Colombia! Durante un evento en Medellín, el presidente Gustavo Petro confundió el emblemático edificio Coltejer con el de Avianca en Bogotá, un desliz que ha desatado una ola de críticas y cuestionamientos sobre su capacidad de liderazgo. Este error no solo refleja una alarmante desconexión con la realidad, sino que también plantea serias dudas sobre su conocimiento de la geografía y la historia del país.

El evento, que supuestamente celebraba la aprobación de la reforma laboral y promovía la paz urbana, se tornó aún más polémico cuando se reveló que varios cabecillas de bandas criminales fueron trasladados desde la cárcel de Itagüí para inflar la asistencia, sugiriendo que Petro podría estar utilizando recursos públicos y delincuentes para simular apoyo popular. Según denuncias, el gobierno gastó más de 2,600 millones de pesos en buses, refrigerios y logística para asegurar una multitud en su discurso, lo que plantea serias cuestiones sobre la ética y la transparencia de su administración.

La presencia de figuras delictivas en el evento y la manipulación de la asistencia a través de promesas de transporte y comida han generado un intenso debate sobre el futuro político de Colombia. Algunos críticos advierten que el país podría estar caminando hacia un régimen autoritario disfrazado de socialismo, mientras que otros cuestionan la legitimidad de un gobierno que parece dispuesto a aliarse con quienes han sembrado el terror en el país.

En medio de un clima de polarización, la percepción de que el respaldo popular de Petro es comprado y manipulado plantea un grave desafío a la democracia en Colombia. La situación exige una respuesta contundente de la ciudadanía y de las instituciones para frenar lo que muchos consideran un avance hacia la dictadura. La pregunta que queda en el aire es si Colombia podrá resistir este embate y recuperar su rumbo democrático.