**¡ESCÁNDALO EN EL PODER JUDICIAL! SANDRA ORTIZ PRESENTA PRUEBAS QUE PONEN EN JAQUE A VLADIMIR FERNÁNDEZ Y LUZ ADRIANA CAMARGO**

En una reveladora entrevista, Sandra Ortiz, exconsejera presidencial, ha sacudido los cimientos del poder judicial al afirmar poseer pruebas contundentes que podrían comprometer seriamente a Vladimir Fernández, magistrado de la Corte Constitucional, y a la fiscal general Luz Adriana Camargo. Ortiz ha insinuado que su testimonio podría ser clave para esclarecer las elecciones de estos altos funcionarios, en medio de acusaciones de tráfico de influencias y encubrimiento.

La red de veedurías ciudadanas ha solicitado urgentemente la citación de Ortiz ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, destacando la necesidad de su declaración para avanzar en las investigaciones. Este llamado se fundamenta en presuntas irregularidades en los procesos electorales, que, según Ortiz, revelan patrones irregulares y posibles maniobras ilegítimas.

La exconsejera ha expresado su desconfianza hacia el CTI, organismo que investiga el caso, al señalar que su dependencia de la Fiscalía General, liderada por Camargo, podría comprometer la imparcialidad de la indagación. “Es contradictorio que las denuncias sean manejadas por un ente que está bajo la dirección de una de las personas señaladas”, afirmó Ortiz, evidenciando la tensión existente entre la autonomía judicial y la política.

El clamor por una investigación exhaustiva y sin interferencias resuena en la sociedad civil y en sectores políticos, mientras la Comisión de Acusación se enfrenta al desafío de garantizar la independencia en el manejo de este caso. La decisión de citar a Ortiz podría convertirse en un punto de inflexión que determine el rumbo de estas investigaciones, que hasta ahora han captado la atención de la opinión pública.

La presión para que se tomen medidas efectivas es inminente, especialmente ante la posibilidad de que se estén vulnerando principios fundamentales del sistema judicial colombiano. La situación se desarrolla en un contexto de creciente desconfianza hacia las instituciones, lo que hace aún más urgente la necesidad de transparencia en los procesos de elección de funcionarios del Estado.