El presidente Gustavo Petro ha roto su silencio en medio de una crisis política que podría marcar un punto de inflexión en su gobierno. En un extenso mensaje publicado en la red social X, Petro denuncia un presunto plan de derrocamiento orquestado por el ex canciller Álvaro Leyva, quien, según audios filtrados, habría vinculado a grupos armados como el ELN y el clan del Golfo en una estrategia peligrosa para desestabilizar su mandato.

Petro no se detuvo ahí. Exigió al gobierno de Estados Unidos una investigación sobre este intento de golpe de estado, afirmando que “hay un golpe en flagrancia” que debe ser investigado. Las alarmas se encienden en un país que ya enfrenta amenazas de violencia, como lo evidencian los recientes atentados en Cali y el Valle del Cauca. El presidente reveló que Leyva había buscado el apoyo de narcotraficantes para implementar su plan, lo que añade un nivel de gravedad a la situación.

En un contexto electoral cada vez más tenso, Petro también cuestionó la transparencia del proceso electoral de 2026, sugiriendo que las garantías democráticas están en entredicho. “¿Qué garantías podemos tener en las próximas elecciones?”, se preguntó, mientras la Misión de Observación Electoral defendía la solidez del sistema electoral colombiano.

La denuncia contra Leyva, acusándolo de traición a la patria, podría acarrear consecuencias legales severas, con penas de hasta 30 años de prisión. Con el telón de fondo de una creciente tensión entre Colombia y Estados Unidos, la situación se torna más crítica. Las palabras de Petro resuenan como un llamado a la acción en un momento en que el país se enfrenta a una encrucijada histórica. La incertidumbre política se cierne sobre Colombia, donde la estabilidad del gobierno de Petro está en juego.