La Corte Suprema de Justicia de Colombia ha desmantelado un escándalo que envuelve al presidente Gustavo Petro al revelar un fallo explosivo de 236 páginas que implica a altos funcionarios de su campaña. En un giro inesperado, se ha demostrado que contratos de vuelos, reportados como gastos de la campaña al Senado, fueron utilizados clandestinamente para la campaña presidencial de Petro. Este descubrimiento pone en tela de juicio la integridad del proceso electoral de 2022.
La investigación, liderada por el magistrado Misael Rodríguez, ha sacado a la luz una red de manipulación que involucra a figuras clave como Laura Sarabia, Armando Benedetti y el actual ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Según el fallo, estos contratos fueron diseñados para engañar al Consejo Nacional Electoral, presentando gastos de la campaña presidencial como si pertenecieran a la campaña senatorial del Pacto Histórico.
Las pruebas son contundentes: chats manipulados y documentos alterados que demuestran que los vuelos eran, en su mayoría, para el equipo de Petro, no para los senadores. La Corte ha dejado claro que la responsabilidad recae en la estructura de la campaña, particularmente en los organizadores y gerentes, quienes ahora enfrentan posibles consecuencias legales.
Este escándalo no solo amenaza la reputación de Petro, sino que también abre la puerta a nuevas investigaciones por parte del Consejo Nacional Electoral. Las implicaciones son enormes, ya que se estima que el Pacto Histórico obtuvo más de 14 millones de pesos de reembolso basados en informes falsificados.
La situación es crítica y el futuro político de Gustavo Petro pende de un hilo. La Corte Suprema ha enviado copias del fallo a las autoridades pertinentes, lo que indica que este escándalo está lejos de resolverse. La política colombiana está en la cuerda floja, y las revelaciones que se avecinan podrían cambiar el rumbo del país.
