¡ESCÁNDALO EN COLOMBIA! La exvicefiscal Marta Mancera ha sido acusada públicamente por el presidente Gustavo Petro de pertenecer a una supuesta “junta del narcotráfico”, de planear un golpe de estado e incluso de torturar a sus familiares. Estas graves acusaciones, lanzadas sin la presentación de pruebas, han desatado una crisis política y judicial sin precedentes en el país.

Desde su retiro en Estados Unidos, Mancera ha visto su vida y reputación arrasadas por lo que su defensa califica como una campaña de desprestigio orquestada desde la presidencia. La acusación de Petro, que carece de fundamento, ha llevado a la exfuncionaria a ser despojada de su protección oficial, dejándola vulnerable ante posibles represalias de grupos criminales. La situación se torna aún más alarmante al revelarse que una organización de derechos humanos ha radicado una denuncia formal en Washington, alertando sobre la persecución sistemática que enfrenta Mancera.

El presidente ha vinculado a Mancera con actos de tortura y conspiraciones homicidas, creando una narrativa que la asocia con organizaciones criminales de gran notoriedad. Estas afirmaciones, amplificadas a través de redes sociales y medios afines, han generado un clima de hostigamiento que pone en riesgo su integridad física. La denuncia internacional exige una investigación imparcial y la inmediata restauración de su seguridad, ya que Mancera no cuenta con recursos para protegerse.

La comunidad internacional observa atentamente este desarrollo, que va más allá de un conflicto personal y plantea serias preguntas sobre el estado de derecho en Colombia. ¿Estamos ante un uso político de la estigmatización que socava los pilares de la democracia? La situación de Marta Mancera se convierte en un termómetro del respeto a los derechos humanos en el país y de la salud institucional de Colombia. ¡La tensión está en su punto máximo!