**¿Injerencia del Gobierno en caso Miguel Uribe? Polémica denuncia de la defensa en la CIDH**

En una explosiva denuncia que sacude el panorama político colombiano, el abogado de Miguel Uribe Turbay, Víctor Mosquera, ha acusado al gobierno del presidente Gustavo Petro de interferir en la investigación del atentado que sufrió el senador el pasado 7 de junio en Bogotá. La acusación se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, donde Mosquera solicitó medidas cautelares para proteger no solo a Uribe, sino también a otros miembros del Centro Democrático en medio de un clima de creciente violencia política.

La situación es crítica. Mosquera afirma que el gobierno ha difundido información no corroborada que podría comprometer la integridad de la investigación y poner en riesgo a otros políticos. Mientras Miguel Uribe continúa su recuperación en la Fundación Santa Fe, su familia y su abogado claman por justicia y transparencia. La CIDH, un organismo internacional que podría dictar medidas cautelares, ahora tiene la responsabilidad de evaluar estas serias acusaciones.

La respuesta del gobierno no se hizo esperar. El ministro del Interior, Armando Benedetti, desmintió las acusaciones, asegurando que la investigación se lleva a cabo de manera independiente y que el gobierno ha garantizado un proceso sin precedentes en la captura de responsables de crímenes políticos. Sin embargo, la tensión se intensifica a medida que se revelan detalles sobre la falta de protección que había solicitado Uribe antes del ataque.

Con el telón de fondo de un país polarizado y en vísperas de elecciones cruciales, la denuncia de Mosquera resuena como un llamado de alerta sobre la seguridad de los políticos en Colombia. Este caso, que podría tener repercusiones en la política nacional y en las relaciones internacionales, está lejos de resolverse. La comunidad internacional observa con atención mientras se desarrolla esta crisis que podría cambiar el rumbo del país.